A que se proteja su vida y se respete su intimidad.
A la salud.
A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano.
A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo.
A que se respete su honor y se proteja su imagen.
A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma.
A que se respete la forma de ser de su lugar de origen.
A conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo que ese vínculo pueda provocarle daño.
A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres.
A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven.
A gozar de los beneficios de la seguridad social.
A expresar sus opiniones y que sean tenidas en cuenta tanto en la familia como en la escuela.
A ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscriptos en el Registro Civil.
Si la madre o el padre no tienen documento, el Estado debe hacer lo que sea necesario para la identificación del recién nacido. El trámite es gratuito.
A participar en todo procedimiento judicial en el que estén involucrados.
A ser escuchados y a que se considere su opinión al momento de tomar la decisión referida a ellos.
A tener un abogado, preferentemente especializado en cuestiones de niñez y adolescencia aunque no puedan pagarlo.
Es lograr que todos los derechos y garantías que se les reconocen sean disfrutados en forma integral, simultánea y con un máximo nivel de satisfacción.
Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad.
La comunidad en general por razones de solidaridad. Por eso la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente a la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos.
Los que trabajan en escuelas públicas, colegios privados y centros de salud deben comunicar cualquier violación a sus derechos a la autoridad más cercana.
El funcionario que recibe la denuncia debe:
Iniciar el trámite en forma inmediata.
Prevenir cualquier tipo de daño en el menor.
Buscar que se reparen los daños que haya sufrido.